¿CUÁNTO COBRA UN ABOGADO POR UN PROCESO DE INSOLVENCIA?

En Colombia no existe una tarifa única que determine cuánto cobra un abogado por un proceso de insolvencia. Los honorarios dependen del valor de las deudas, el número de acreedores, el tipo de procedimiento, la documentación disponible y las actuaciones que deba realizar el profesional.

Además de los honorarios del abogado, pueden existir otros costes, como las tarifas del centro de conciliación o la notaría, certificados, avalúos, peritajes y gastos relacionados con el trámite. Por eso, antes de hablar de una cifra concreta, es necesario distinguir qué procedimiento corresponde y qué servicios necesita realmente la persona o empresa interesada.

Actualmente, Abogados Bogotá no presta asesoría ni representación a personas que desean acogerse al régimen de insolvencia. Esta guía tiene una finalidad informativa. Nuestra práctica se concentra en representar a empresas y acreedores que necesitan recuperar facturas, contratos, pagarés y otras obligaciones pendientes.

El coste total de un proceso de insolvencia puede estar compuesto por tres elementos diferentes: las tarifas del operador, los honorarios del abogado y los gastos adicionales que surjan durante el trámite.

En los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, el trámite puede adelantarse ante los operadores autorizados por la legislación colombiana, entre ellos determinados centros de conciliación y notarías.

Las tarifas del operador se calculan principalmente según el valor total del capital de las obligaciones relacionadas en la solicitud. Por esta razón, una persona con pocos acreedores y un pasivo reducido no necesariamente paga lo mismo que otra con numerosas obligaciones y una situación financiera más compleja.

Estas tarifas corresponden al operador que tramita el procedimiento y no deben confundirse con los honorarios cobrados por el abogado.

Los honorarios profesionales no cuentan con una tarifa legal única. Cada abogado puede establecerlos según el trabajo requerido, la complejidad del asunto y la forma de contratación acordada con el cliente.

Para elaborar una propuesta pueden considerarse factores como:

• Valor total de las obligaciones.
• Número de acreedores.
• Cantidad y calidad de los documentos.
• Existencia de procesos ejecutivos o embargos.
• Bienes pertenecientes al deudor.
• Garantías hipotecarias, prendarias o personales.
• Necesidad de corregir información financiera.
• Preparación de la propuesta de negociación.
• Acompañamiento a audiencias.
• Objeciones formuladas por los acreedores.
• Posible liquidación patrimonial.
• Tiempo estimado de dedicación profesional.

El abogado puede acordar una suma fija por la preparación y acompañamiento del procedimiento, un valor por cada etapa o una tarifa por hora. Antes de contratar, el cliente debe solicitar una propuesta escrita que explique qué actuaciones están incluidas y cuáles podrían generar pagos adicionales.

No. En los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, la intervención de un abogado no resulta obligatoria en todos los casos.

De acuerdo con la información del Ministerio de Justicia, cuando el valor total de las deudas supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la solicitud debe presentarse mediante abogado. Cuando el pasivo es inferior, la persona puede presentar el trámite directamente, aunque tiene la posibilidad de contratar asesoría si necesita organizar los documentos o comprender los efectos de la negociación.

Incluso cuando el abogado no sea obligatorio, puede intervenir para:

• Revisar si la persona cumple los requisitos.
• Organizar la relación de acreedores.
• Verificar capital, intereses y saldos.
• Estudiar procesos judiciales existentes.
• Preparar la propuesta de pago.
• Revisar garantías y bienes.
• Acompañar las audiencias.
• Analizar las objeciones de los acreedores.
• Explicar los posibles efectos de una liquidación patrimonial.

Además de las tarifas del operador y los honorarios jurídicos, pueden existir gastos relacionados con:

• Certificados de bienes inmuebles.
• Certificados de vehículos.
• Documentos bancarios y financieros.
• Avalúos.
• Peritajes.
• Copias y autenticaciones.
• Poderes.
• Gastos notariales.
• Obtención de documentos contables.
• Actuaciones judiciales adicionales.

Estos gastos no se producen necesariamente en todos los casos. Dependen de los bienes, las obligaciones y los documentos que deban incorporarse al procedimiento.

Es importante diferenciar entre la insolvencia de una persona natural y la de una empresa.

El régimen de insolvencia de persona natural no comerciante se encuentra regulado principalmente en el Código General del Proceso y fue modificado por la Ley 2445 de 2025.

Este procedimiento puede permitir la negociación de las deudas o la convalidación de determinados acuerdos privados. Cuando la negociación fracasa, se incumple el acuerdo o se presentan otras circunstancias previstas por la ley, puede abrirse una liquidación patrimonial.

Las sociedades y determinadas empresas se encuentran sometidas a reglas diferentes. Dependiendo del caso, puede resultar aplicable el régimen de reorganización o liquidación empresarial. Por eso, los costes de una insolvencia empresarial no deben calcularse utilizando las mismas referencias de un procedimiento de persona natural.

Si se trata de una sociedad que atraviesa dificultades generalizadas, primero debe evaluarse si corresponde una reorganización empresarial, una negociación privada, una liquidación o alguna otra alternativa jurídica.

También puede consultar nuestra guía sobre la ley de insolvencia en Colombia para comprender las diferencias principales entre los procedimientos y sus efectos.

La insolvencia no afecta solamente al deudor. También puede cambiar la posición de proveedores, prestamistas, arrendadores, contratistas y empresas que tienen facturas u obligaciones pendientes de cobro.

Cuando aparecen señales de dificultad financiera, el acreedor no debería asumir inmediatamente que la deuda se perdió. Tampoco conviene continuar aceptando nuevas promesas sin revisar la situación jurídica del deudor.

Antes de tomar una decisión deben organizarse los documentos disponibles:

• Facturas.
• Contratos.
• Pagarés.
• Letras de cambio.
• Cheques.
• Órdenes de compra.
• Remisiones.
• Actas de entrega.
• Correos electrónicos.
• Reconocimientos de deuda.
• Acuerdos de pago.
• Garantías personales o reales.
• Comprobantes de pagos parciales.

Esta revisión permite establecer el capital pendiente, la fecha de vencimiento, los intereses aplicables y la posible existencia de un título ejecutivo.

Si el deudor manifiesta que está en insolvencia, no basta con aceptar esa afirmación. El acreedor debe verificar:

• Qué procedimiento fue iniciado.
• Ante qué autoridad u operador se tramita.
• Cuándo fue aceptada la solicitud.
• Si el crédito fue relacionado.
• Por qué valor fue reconocido.
• Cómo fue clasificada la obligación.
• Qué garantías aparecen registradas.
• Cuáles son las fechas de las audiencias.
• Qué propuesta de pago fue presentada.
• Qué actuaciones puede realizar el acreedor.

La apertura de un procedimiento puede afectar o suspender determinadas reclamaciones individuales. Por eso, la estrategia de cobro debe adaptarse a las reglas del proceso y no limitarse a continuar enviando requerimientos.

El acreedor debe comparar el valor informado por el deudor con sus propios documentos. Pueden existir diferencias relacionadas con:

• Capital.
• Intereses.
• Pagos parciales.
• Fecha de vencimiento.
• Garantías.
• Naturaleza de la obligación.
• Identidad del acreedor.
• Clasificación o prelación del crédito.

Cuando la información es incorrecta, deben revisarse los mecanismos y términos disponibles para presentar la observación u objeción correspondiente.

Una propuesta no debe valorarse únicamente por el porcentaje ofrecido. También interesa estudiar:

• El plazo total.
• La periodicidad de las cuotas.
• La capacidad económica del deudor.
• Las garantías disponibles.
• El trato ofrecido a los demás acreedores.
• Las consecuencias del incumplimiento.
• La viabilidad real de los pagos.
• La situación de los bienes.
• El riesgo de una liquidación posterior.

Aceptar un acuerdo inviable puede retrasar el cobro sin mejorar la posición del acreedor.

Si todavía no existe un procedimiento formal, pero el deudor ha incumplido varias fechas, ha dejado de responder o presenta señales de deterioro, conviene revisar oportunamente las alternativas disponibles.

La estrategia puede incluir:

• Requerimiento formal.
• Negociación.
• Acuerdo de pago.
• Solicitud de garantías.
• Cobro prejurídico.
• Proceso ejecutivo.
• Verificación de bienes.
• Participación como acreedor en una insolvencia.
• Seguimiento de una reorganización o liquidación.

Cuando su empresa tiene facturas u obligaciones pendientes, una estrategia de recuperación de cartera empresarial permite clasificar los créditos, revisar los documentos y decidir cuáles pueden negociarse y cuáles necesitan una actuación jurídica.

En Abogados Bogotá no tramitamos de forma general procesos de insolvencia para personas que desean acogerse al régimen como deudoras. Nuestro trabajo en esta materia se enfoca en empresas y acreedores que necesitan proteger y recuperar obligaciones pendientes.

¿Su empresa tiene una deuda pendiente por recuperar?

Si un cliente ha incumplido facturas, contratos, pagarés o acuerdos de pago, podemos revisar los documentos y estudiar las posibilidades jurídicas de recuperación.